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La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo un giro estremecedor, cuando la fiscalía general del Estado presentó un audio inédito grabado por el FBI en 2023, en el que un sicario —posteriormente asesinado en prisión— menciona al expresidente Rafael Correa como el destinatario final del atentado.
En la grabación, exhibida durante la audiencia de formulación de cargos, el sicario afirma que “el trabajo era para el señor de arriba” y, ante la repregunta de los agentes, responde: “Rafael Correa”. La fiscal Ana Hidalgo sostuvo que este testimonio es un elemento de convicción clave que refuerza la tesis de que el magnicidio fue planificado con apoyo de estructuras políticas y criminales de alto nivel.
Trama de Correistas detrás del magnicidio de Villavicencio
Daniel Salcedo era encargado de un “equipo de rastreadores”; Jordán financiaba, Serrano aportaba policías y Aleaga era el nexo con el partido (RC5 presumiblemente).
Todo esto se conoció en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, aquí se reveló la hipótesis más completa que la Fiscalía ha presentado hasta ahora sobre la supuesta estructura criminal que planificó y ejecutó el atentado que conmocionó al país en agosto de 2023.
De acuerdo con la exposición de la fiscal Ana Hidalgo, el operativo para matar a Villavicencio fue organizado con precisión militar. Daniel Salcedo, procesado en varios casos de corrupción, habría liderado un “equipo de rastreadores”, encargado de seguir al candidato en cada desplazamiento y reportar en tiempo real su ubicación.
La operación, según la teoría fiscal, contó con el financiamiento de Xavier Jordán, empresario prófugo que habría aportado recursos económicos para el pago de logística, armas y vehículos.
Además, la Fiscalía sostiene que en el esquema participaron “policías” afines a José Serrano, exministro del Interior, quienes facilitaban información privilegiada y permitían el libre movimiento de los sicarios en las zonas de operación.
Finalmente, el exasambleísta Correista Ronny Aleaga, electo por la RC5, ahora con orden de prisión preventiva, habría actuado como nexo con el “partido”, término que la Fiscalía interpreta como la conexión política que dio origen al atentado y que coordinaba el respaldo y protección de los involucrados.
Plan con altos niveles de ejecución.
La Fiscalía sostiene que el magnicidio no fue un hecho aislado, sino el resultado de una conspiración de largo alcance. “Hubo financistas, operadores logísticos, cómplices en las fuerzas del orden y enlaces políticos que permitieron que el crimen se lleve a cabo”, afirmó Hidalgo en su exposición.
El uso de equipos de rastreo, seguimientos y contravigilancia revela, según la investigación, un nivel de sofisticación pocas veces visto en la historia criminal del país.
Cabe recordar que la mayoría de autores materiales del crimen del candidato presidencial fueron asesinados mientras esperaban sentencia en una cárcel de nuestro país, todo esto con el presumible fin de que “no hablen” ni delaten a los autores intelectuales del macabro plan. Fernando Villavicencio fue indudablemente el más duro crítico de Rafael Correa y de su círculo íntimo.
Las investigaciones periodísticas divulgadas y judicializadas sirvieron de elementos de convicción para sus sentencias.
Decisiones judiciales y reacción política
La jueza María Daniela Ayala Álvarez dictó prisión preventiva para Salcedo y Aleaga, y polémicas medidas cautelares contra Serrano y Jordán. Las audiencias se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad debido a la sensibilidad del caso.
Mientras tanto, desde Bélgica el prófugo expresidente Rafael Correa, mencionado en un audio presentado por la Fiscalía, calificó las revelaciones como parte de un “show político” y volvió a denunciar persecución en su contra.
¿Qué viene después de esta audiencia?
La audiencia marca el inicio formal de la causa en contra de los presuntos autores intelectuales. La Fiscalía dispone ahora de 90 días para recabar más elementos de convicción, realizar pericias adicionales y fortalecer su teoría de autoría mediata, que sostiene que el asesinato fue ordenado y coordinado desde una estructura de poder con alcance político y criminal.