En Galápagos pasa exactamente lo que la nueva ley de áreas protegidas quiere abarcar, pero lo excluyeron argumentando que hay una ley especial. Eso es falso: las islas ejemplifican el modelo fallido que ahora va escala nacional.
Por: Milton Castillo
«Si alguna vez digo al instante: ‘¡Detente, eres tan bello!’, puedes atarme con cadenas, y con gusto me hundiré «. Estas palabras de Fausto a Mefistófeles resuenan en el corazón de la Ley orgánica de recuperación de áreas protegidas y promoción del desarrollo local.
Como el protagonista goethiano, la ley aspira a la totalidad: preservar la biodiversidad, combatir las mafias, profesionalizar a los guardaparques y estimular el desarrollo turístico local.
Sin embargo, surge la pregunta fundamental: ¿qué acontece cuando la belleza de la biodiversidad se transmuta en mercancía, pero con visos de supuesta legalidad? El imperativo faustiano «¡Detente, eres tan bello!» encarna el peligro de la contemplación normativa acrítica, de sucumbir ante el éxito turístico inmediato mientras se erosiona la esencia misma de lo protegido.
El dilema no radica únicamente en el deseo de poseer y manejar la belleza, sino en la tensión irresoluble entre la preservación y la explotación, entre el ser y el tener de la naturaleza, por algo, a la final, la Constitución de la República señala (artículo 404) que nuestro patrimonio natural es invaluable.
Debate en el Pleno de la Asamblea del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, calificado de urgente en materia económica. Foto: Asamblea Nacional
En todo caso, responder a lo expuesto es lo que deberá hacer el reglamento que se haga a la nueva ley. Porque las evidencias demuestran que lo que mueve a la gran mayoría de actores que están alrededor de las áreas protegidas es el turismo y no la conservación.
Las áreas protegidas —sitios de biodiversidad estratégica y patrimonio natural— han sido invadidas por economías criminales que usan la geografía nacional como trampolín para el tráfico de especies, minería ilegal, contrabando y narcotráfico. El ataque armado de mayo de 2025, en plena Amazonía, lo había ilustrado con sangre: la conservación está atrapada entre la precariedad institucional y la violencia organizada, se dijo el proyecto presentado por el Ejecutivo.
Lo que no se le cuenta al país, es lo más bello: Galápagos. En este paraíso pasa exactamente lo que la nueva ley quiere abarcar, pero lo excluyeron argumentando que hay una ley especial. Eso es falso.
Y sin embargo, estas mismas áreas sostienen el turismo ecológico (concepto controvertido y poco aplicado) que apuntala buena parte de la economía local, hoy en crisis por inseguridad, infraestructura deteriorada y ausencia de garantías estatales.
Para enfrentar y legislar sobre estas realidades, la ley ha creado el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero además dice que podrá con el sector privado crear fideicomisos, que la autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, sin perjuicio de la gestión de los guardaparques, que el control en áreas de difícil acceso será monitoreado con tecnología de vigilancia; que las áreas protegidas se utilizarán para la prestación de servicios turísticos, facilitación del disfrute ciudadano del patrimonio natural, prestación de servicios ambientales, protección ambiental, investigación científica u otros.
Lo que no se le cuenta al país, es lo más bello: Galápagos. En este paraíso pasa exactamente lo que la nueva ley quiere abarcar, pero lo excluyeron argumentando que hay una ley especial. Eso es falso. En realidad, las islas están atadas con cadenas y a punto de hundirse en manos de Mefistófeles.
Galápagos ejemplifica el modelo que la ley quiere escalar a nivel nacional, pues cuenta con millonarios ingresos por tasas para turistas que se van a la cuenta única del tesoro nacional y que regresan tarde, mal o nunca a las islas.
Y es que en Galápagos también existe criminalidad, a más de tráfico de especies, contrabando y narcotráfico, así como un débil o casi nulo control de sus 97 guardaparques insulares para los 7.970 kilómetros cuadrados que corresponde únicamente a su espacio terrestre.
Además, lo que también existe y que nació junto con el Parque Nacional, es: prestación de servicios turísticos, facilitación del disfrute ciudadano del patrimonio natural, prestación de servicios ambientales (como el de los ranchos privados para la observación de tortugas galápagos), investigación científica.
Irónicamente, a pesar del mercadeo conservacionista, el PNG ha tenido serios problemas, durante meses, para pagar la gasolina de sus lanchas o a los guardaparques.
En el archipiélago los casos de tráfico de especies (impunes) que visibilizaron la negligencia del Parque Nacional Galápagos (PNG) y ONG conservacionistas que tienen convenios con la institución, obligó a decir que existe una supuesta tecnología para monitorear las especies y cuidarlas (cámaras trampa).
Por otra parte, hay fideicomisos y operadores turísticos que usan a estas ONG para buscar donaciones en el extranjero a nombre de Galápagos y al mismo tiempo fidelizar al turismo invocando conservación. No hay normas para controlar que alguien diga proteger a Galápagos y reciba dinero del exterior.
Irónicamente, a pesar del mercadeo conservacionista, el PNG ha tenido serios problemas, durante meses, para pagar la gasolina de sus lanchas o a los guardias de seguridad que se encargan de cuidar los centros de crianza de tortugas o las horas extras y sueldos de los guardaparques.
En realidad, lo que pasa en el archipiélago es el faro para saber lo que pasará en toda área protegida del país con la nueva ley en materia de conservación, inversión y seguridad.
Para muestra las iguanas rosadas: la especie cuya alma impedimos sea entregada
La majestuosa iguana rosada (Conolophus marthae), descubierta en 1986 y descrita por la ciencia como una especie distinta recién en el 2009, es uno de los reptiles más raros del mundo. Habita exclusivamente en las laderas del volcán Wolf, en la isla Isabela. A este sitio, que en teoría tiene cámaras trampa, solo pueden acceder profesores con estudiantes, los miembros de las ONG que hacen investigación o prensa especializada, y se requiere autorización previa de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Su población es crítica: menos de 300 individuos. A pesar de todo, los traficantes de especies han hecho de la suyas y se puede ver que son comercializadas, un par de ellas por lo menos, en Oceanía, a través de YouTube (Bitácora Ambiental 2022).
Áreas protegidas
Me asalta la duda: ¿cuándo las organizaciones no gubernamentales que “auxilian, colaboran y apoyan” al Estado en la protección de la biodiversidad se hacen responsables y rinden cuentas? Responder a esa pregunta es lo que deberá hacer el reglamento de la nueva ley.
A pesar de todas las inversiones que se anuncian y pontifican para la conservación de las islas, las iguanas rosadas (así como otras especies protegidas de Galápagos) se comercializan en otros continentes incluso con permisos CITES, lo que implica una red transnacional que opera con acceso a zonas restringidas. Este tráfico de especies, al que el Ministerio de Ambiente (MAATE) mira de lado a pesar de las alertas encendidas, me permitió junto con Franklin Vega interponer, en el 2022, una acción de protección constitucional para incrementar su nivel de protección y enfrentar a este tipo de crimen organizado (Expediente que puede ser visto en el sistema SATJE con el número 17230-2022-13416).
En el proceso judicial el Estado, a través de la Procuraduría, dijo: “Ecuador ha tomado todas las medidas para cuidar las especies, pero no sabemos en el extranjero cómo llegaron a ese lugar…”.
La sentencia dictada en octubre del 2022 y recién en ejecución entre febrero a abril del 2025, dispuso que el Ecuador proponga en la Convención Internacional de la CITES que estas especies pasen del apéndice II al I de la CITES para limitar al máximo su posible comercio.
A pesar de esta sentencia y de los millones que el Estado recauda por turismo en Galápagos, así como de las ONG ambientalistas que operan en Galápagos y dicen conservarla, no hay una política pública clara para su protección o, si la hay, se desconoce quienes la aplican y, si la aplican, cómo y cuándo rinden cuentas.
Lo que sí existe, dos años después de la sentencia en referencia — agosto del 2024— es harta publicidad de que en las islas se protege a las especies, pagada por inmensas empresas turísticas que aportan dinero a las ONG, de tal manera que guardaparques del Parque Nacional Galápagos (PNG) dijeron haber encontrado crías recién nacidas de iguanas rosadas. Se dijo que el hallazgo fue posible gracias al uso de cámaras trampa con inteligencia artificial operadas en campo por técnicos de la institución.
Tal noticia es sin duda causa de alegría, pero no permite saber desde cuándo existen esas cámaras, si son resultado de aporte privado (de las mismas que tienen acceso al volcán Wolf) o público o si existían ya cuando se sustrajeron a las iguanas.
Los fideicomisos
—¿Conque el mismo infierno tiene sus leyes? Me gusta eso. ¿Luego se podría con toda confianza cerrar un pacto con vosotros, señores?— Fausto
—De lo que se te prometa gozarás plenamente; nada se te descabalará. Pero eso no es para decirlo en tan breves palabras, y de ello hablaremos más tarde. Ahora te ruego con empeño, con el mayor empeño, que por esta vez me permitas salir.— Mefistófeles
El modelo de gestión en conservación a través de fideicomisos, donde confluyen el sector público y el privado ya sean provenientes de la academia o del sector turístico, deben ser profundamente rigurosos y transparentes, pues la experiencia en Galápagos nos enseña que el control y la fiscalización son controvertidas, poco visibles, pero muy bien vendidas como exitosas.
El fideicomiso Galápagos Life Fund (GLF) es el ejemplo más cercano y polémico en Ecuador. Fue creado el 5 de mayo del 2023, apenas cuatro días antes de que se anunciara oficialmente el canje de deuda por conservación para proteger la Reserva Marina Hermandad (60.000 km²). Fue constituido como una corporación privada sin fines de lucro en el Estado de Delaware, Estados Unidos, y luego con Decreto Ejecutivo 735 en Ecuador, para administrar los fondos de conservación derivados del canje de deuda por naturaleza.
Aunque se destaca como un modelo financiero innovador, su estructura privada —propia de todo fideicomiso— plantea serias dudas sobre transparencia, participación local y control ciudadano. Si el reglamento de la nueva ley no establece salvaguardas claras, podríamos replicar un esquema donde el fideicomiso promete conservación, pero entrega el alma de la gobernanza ambiental en bandeja de plata a actores incontrolables que aman a la naturaleza un poquito menos que a su bolsillo.
Galápagos nos demuestra que la frontera entre ciencia, conservación y operación turística se vuelve borrosa. Es allí cuando la conservación deja de ser un acto ético y se convierte en una narrativa corporativa.
La ley, como está formulada, permite la gestión privada sin mecanismos claros de control, y el contexto de Galápagos permite ver la necesidad de transparencia, así como de políticas reales de prevención y control de las amenazas reales de las Áreas protegidas.
Éstas no solo necesitan financiamiento para su funcionamiento cabal, necesitan justicia ambiental, trazabilidad legal y vigilancia ciudadana. Porque sin ello podríamos estar abriendo las puertas del saqueo a la biodiversidad.
Lo que se busca, tal como desprendemos de Fausto y su pacto con el Diablo a través de Mefistófeles, no es impedir el disfrute de lo sublime (la naturaleza), sino evitar que ese disfrute se vuelva estancamiento ético y político. Cada fideicomiso (contrato) sin rendición de cuentas, cada inversión en tecnología para la conservación sin fiscalización, cada donación sin trazabilidad es un “¡Detente, eres tan bello!” que nos empuja, como al doctor Fausto, hacia el abismo.