La presión ciudadana y la acción de organizaciones sociales y políticas impidieron que el gobierno de Daniel Noboa concretara la entrega del Campo Sacha, el principal yacimiento petrolero del país, cuya producción anual supera los 1.700 millones de dólares y cuenta con reservas probadas de 14.000 millones de dólares. De haberse consumado, esta operación habría representado un grave perjuicio económico para el Ecuador.
Diferentes sectores impulsaron medidas para frenar la concesión: la UNE presentó una acción de protección, el FUT exigió una auditoría urgente, ANTEP denunció reiteradamente el proceso y múltiples organizaciones sociales manifestaron su rechazo. Finalmente, el 11 de marzo, el gobierno desistió de la adjudicación, argumentando que la empresa beneficiaria, Sinopetrol, no cumplió con el pago de la prima dentro del plazo establecido.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, calificó la suspensión del proceso como un “triunfo inicial” y advirtió que se intentará retomar la entrega del campo tras las elecciones. No obstante, destacó que la unidad de la ciudadanía y las organizaciones sociales ha demostrado ser una herramienta efectiva para la defensa de los recursos del país.
Por su parte, José Villavicencio, líder del FUT, sostuvo que este desenlace representa una victoria para los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Criticó la falta de transparencia del gobierno y advirtió que, aunque en esta ocasión el intento de concesión fracasó, podrían buscar otras alternativas para privatizar el sector petrolero en el futuro.
David Almeida, representante de los trabajadores petroleros, subrayó que la presión social evitó lo que habría sido “el mayor atraco petrolero de la historia”. Ahora, las organizaciones exigen al gobierno la derogación de las resoluciones y acuerdos que facilitaron el proceso, la restitución de los fondos de inversión de Petroecuador y la reincorporación de los trabajadores despedidos, entre ellos el propio Almeida.
Las demandas también incluyen la anulación del Acuerdo Ministerial 40, emitido en noviembre de 2024, que declaró la excepcionalidad para delegar la operación del Campo Sacha a empresas estatales extranjeras. Además, insisten en que Petroecuador debe recuperar el control total de las operaciones para garantizar la soberanía energética del país.