FERNANDO VILLAVICENCIO VIVE. (F.V.) BOLETÍN 002
A pocos días de afrontar la segunda vuelta de unas elecciones que cambiaron drásticamente después del vil asesinato de Fernando Villavicencio; de ser una contienda entre la gente buena del Ecuador y las mafias narco delincuenciales, hoy nos dejan ver a dos candidatos anodinos e insustanciales, sin una gota de sal o picante, sin propuesta; tanto así, que ahora solo esperamos ver quien sale a la palestra con cualquier sandez para de inmediato ridiculizarlo en redes sociales; redes que han sido tomadas como la única arma de expresión y revancha política que a la ciudadanía le queda.
Mientras tanto, el país se dirige en loca carrera contra toda forma de acuerdo social o respeto a la institucionalidad por la acción de “funcionarios” que presiden el Consejo de Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de cuyas instituciones dependen múltiples obligaciones como concursos de jueces, fiscales y otras autoridades judiciales y los concursos de autoridades de control como Contraloría, Vocales del Consejo Nacional Electoral, Superintendencia de bancos y varias otras entidades que han dejado en acefalía y falta de autoridad a estas instituciones del estado.
En el Consejo de Judicatura, el histriónico Wilman Terán, de la forma más torpe, ha sido capaz, incluso de convertir en mayoría, la presencia de dos vocales sobre cinco de ese malhadado consejo. Con los votos de “un loco y un borracho” destituyeron al Walter Macías, de la Corte Nacional; el mismo que tenía a su cargo el juzgar el caso de tráfico de influencias contra dos vocales del mismísimo Consejo de la Judicatura (Maribel Barreno y Juan José Morillo), el caso Las Torres contra el ex Contralor Pablo Celi, la sentencia del caso Sobornos, la casación del secuestro de Fernando Balda, la apelación del caso Sinohydro, estos tres últimos casos contra Rafael Correa.
Frente a este dislate jurídico, la Corte Nacional de Justicia, quien nominó a Terán como su delegado al Consejo de la Judicatura, con el protervo fin de captar el sistema de justicia; hoy, le retiran su apoyo. No sabemos si su pretensión es redimirse o es producto de una inusitada vergüenza.
Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con su ¨pintoresco¨ presidente, continúa provocando caos. En su alevosía pretende descabezar la Fiscalía General del Estado y tumbarse a la mismísima Corte Constitucional yéndose contra disposiciones expresas que tienen rango de norma constitucional.
Estos dos organismos, CJ y CPCCS, intentan no solo tomarse la justicia, sino también asaltar todos los organismos de control. El correísmo en el CPCCS ha pretendido desconocer a la “atroz” Corte Constitucional del “Trujillato” y designar a su gusto autoridades que le sean serviles, como es el caso del Contralor. Cuando no pueden imponer sus candidatos, realizan todo tipo de argucias para suspender los concursos con acciones de protección truchas. Estas operaciones ensucian los concursos, causan problemas de credibilidad de la ciudadanía y demoras injustificadas, como hemos sido testigos, desde hace más de dos años: no permiten la designación de ninguna autoridad.
Los intentos de tomarse la justicia y los organismos de control vienen desde la destitución del CPCCS presidido por Hernán Ulloa, para luego tomarse el CPCCS presidido por Gina Aguilar cuya mayoría entre “gallos y media noche” dio de baja más de 62 resoluciones, lo que les permitió paralizar los concursos. Esto contó con el contubernio de la Asamblea Nacional de donde emanaban las órdenes desde la Comisión de Participación ciudadana, Ferdinand Álvarez y otros.
Cuando existen acciones legítimas que solicitan una acción de protección, los jueces venales simplemente proceden en contra de lo legal. Como muestra, está la impugnación a resolución del CPCCS de nulitar las 62 resoluciones del consejo presidido por Ulloa y que fue solicitada por Alan Molestina y Carlos Figueroa; ahí un tal juez Miranda resolvió diligentemente, pero en contra de un pedido legítimo. La apelación duerme el sueño de los justos en la Corte Provincial.
Cuando el correísmo quiere ganar a como dé lugar, no dudan en acudir a un recóndito pueblo o cualquier juez venal de Sangolquí (mayo 2023) que termina resolviendo que en el concurso para Contralor no se han concedido acciones afirmativas a una señora que ni siquiera era participante en el concurso y que la anulación de las resoluciones del CPCCS, deslegitima un reglamento y todo retrocedió a etapas preliminares.
No se han designado al Defensor del Pueblo, no hay Contralor, sigue paralizado concurso del CNE, no se designa al Superintendente de Bancos, desde noviembre del año pasado el correísmo ha bloqueado cualquier proceso donde ellos no saquen provecho.
Lastimosamente, los diversos actores políticos han hecho “mutis en foro”, han bajado los brazos y han caído en una suerte de limbo, han dejado de opinar de los graves problemas coyunturales del país, lo que pueden llevarnos a un sistema mucho más inseguro e incierto de lo que ya tenemos actualmente.
Por su parte, la Corte Constitucional (CC) no actúa tan diligentemente como en otras ocasiones,. Ahora, ya es tiempo que la CC dirima en consonancia con lo juzgado a otros miembros de anteriores consejos y destituya a Alembert Vera y compañía, quienes permanentemente inestabilizan la débil democracia ecuatoriana.
Mientras tanto, el CNE hace y deshace del proceso electoral, los candidatos finalistas están en franca competencia por quien dice las mayores boberías: ecua-dolarización, el paraíso está en Venezuela, que incrementarán la producción petrolera, la salud funcionará con brigadas médicas, vamos a echar mano de la reserva monetaria internacional privada, vamos a privatizar la educación, etc. No existen certezas.
Dr. Carlos Figueroa